La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en estos días que las cuatro consultas populares que se presentaron en septiembre, son inconstitucionales. A ninguna partido se le dio el visto bueno, ni al PRD ni a MORENA, con la misma consulta sobre la reforma energética, pero que presentaron por separado como pareja divorciada en boda de conocidos, ni al PAN con su consulta para elevar el salario mínimo de los pobrecitos mexicanos, ni al PRI, con la consulta para reducir diputados plurinominales, esta última, sacada del manual del perfecto populista y de la campaña de Peña Nieto. No, no, no, ninguna consulta será aplicada en 2015.

La SCJN determinó que todo el alboroto realizado: las conferencias de prensa, los spots aturdidores en radio, tele y hasta en internet, las millones de firmas, que se escribieron en las miles de hojas, empaquetadas en cientos de cajas que fueron transportadas en una docena de camionetas para que, a su llegada al nuevo y flamante Instituto Nacional Electoral, los políticos de todos los colores,  se pararan frente a la cámaras y le dijeran a los mexicanos, con todo el cinismo que los caracteriza, que estaban llevando sus deseos a las urnas, aunque de antemano, todos, y léanlo bien, t-o-d-o-s, sabían que esas consultas, desde un inicio, eran anticonstitucionales.

El chiste no acaba ahí, uno entendería que estaban siendo demagogos, que necesitaban reflector mediático, y que nadie se iba a quedar atrás en su concurso de popularidad, es entendible, quizás, son políticos, lo que no es entendible, es que tan solo contar las firmas le costó al erario público un poco más de 30 millones de pesos, sí, leyó bien, treinta de los grandes se gastaron en contar las boletas, cotejar las firmas, capturarlas en un espacio que se rentó con ese único propósito, con capturistas asalariados a tres turnos, todo esto sin contar los sueldos de los magistrados, de los funcionarios del INE, los espacios en medios, prensa y hasta las galletas y el café, y ahora vienen las preguntas: ¿todo eso se gastaron para sólo seguirle el juego a los partidos?, ¿las consultas populares son y serán letra muerta?, ¿qué demonios se legisló entonces en el 2012 cuando se aprobó la figura de la consulta popular en la constitución?

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30 MILLONES DE PESOS COSTARON LAS CONSULTAS, INCLUYENDO ESAS PLAYERAS Y GORRITAS

De atrás para adelante, en 2012 se incluyó la consulta popular en la constitución, pero fue hasta este año (2014, por si lo lee después, o no quiere ir a la parte de arriba), que se aprobaron las leyes secundarias, las benditas leyes secundarias que señalan que sólo podrán consultarse los temas “de trascendencia nacional”, a excepción de (suenan tambores): los derechos humanos; la composición de México como una República representativa, democrática, laica y federal; la legislación electoral; la seguridad nacional; el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y los ingresos y gastos del Estado; así es, como puede ver, en ese ya lejano marzo, cuando se aprobaron las secundarias, todos los partidos, absolutamente todos, sabían que la probabilidad de que los magistrados declararan anticonstitucionales dichas consultas, era más alta que tener un amigo apellidado “Pérez”.

Las consultas populares son más letra muerta que el latín, sobre todo por dos grandes razones, la primera es que la Suprema Corte determinará qué es un tema de “relevancia nacional”, y ahí ya tenemos un problema grande de discrepancias sobre qué es relevante, la segunda y quizás la que cierra toda posibilidad, es que bajo esos candados de las leyes secundarias, lo que se puede someter a consulta son cosas que no afecten a la constitucionalidad del país y por ende, cosas sin mayor relevancia, como decidir en una consulta popular el nombre para una nueva y moderna avenida o quizás una consulta para decidir si queremos o no que los días inhábiles siempre sean en viernes, eso claro, en caso de que no lo declaren inconstitucional, porque sí lo es o no lo es, sólo lo pueden decidir los magistrados.

175,858 pesos gana cada magistrado por declarar todo Inconstitucional

Repito, 30 millones de pesos para impulsar la más inútil de las luchas, el más fútil de los esfuerzos, la llamarada de petate más costosa, el elefante blanco que ni quisiera le vimos la oreja, 30 millones de pesos que no sirvieron para nada, sólo para un gran ejercicio de simulación, que eso sí, les dio un amplio reflector, los puso en el centro de la alfombra roja mediática y quizás, en un futuro, les permita organizar una gran consulta popular, para preguntarle a la ciudadanía “¿Usted quiere que haya más consultas populares?”, y quizás sólo para no contradecirse la Suprema Corte la declare inconstitucional.